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Viernes , 22 Septiembre 2017
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Asegurar justicia

@arpassv

El Juez del “Caso Flores” decidió ayer posponer la audiencia preliminar contra el ex presidente arenero acuso de peculado, see enriquecimiento ilícito y desobediencia, pharm en relación al manejo irregular de millonarios donativos de Taiwán.

El Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argullo, decidió ampliar a 60 días el período de recolección de pruebas para culminar los peritajes y la recepción de información del exterior. La medida fue solicitada por los peritos y los querellantes particulares de las organizaciones sociales.

La audiencia, programada para este 31 de agosto, se realizará el 3 de noviembre próximo.

La decisión del Juez Séptimo de Instrucción es acertada, pues permite disponer de más tiempo para fortalecer el proceso judicial incorporando todos los elementos probatorios que aseguren que el caso vaya a fase de sentencia y se haga justicia.

Las organizaciones ciudadanas –que a inicios de semana volvieron a cuestionar la actitud de la Fiscalía– también esperan que el Juez García Arguello incorpore el delito de lavado de dinero en la acusación, como solicitaron los querellantes particulares.

En su discurso de campaña por la reelección el Fiscal General, Luis Martínez, dice que “ya hizo su trabajo” y que el caso “está en manos del Juez”. Pero las organizaciones reiteran que la Fiscalía no presentó todas las pruebas, retrasó diligencias y no incluyó el lavado de dinero en la querella.

El Fiscal Martínez también mantuvo una actitud hostil hacia los querellantes particulares, presiones contra el Juez y censura para medios de comunicación que difundían información sobre el caso.

La prórroga de la audiencia preliminar debe servir para fortalecer judicialmente el caso y para que las organizaciones populares se movilicen exigiendo sentar un buen precedente en la lucha contra la corrupción. La ciudadanía honrada debe respaldar el desempeño del Juez García Argullo y señalar la negligencia del Fiscal.

Y cuando el “Caso Flores” llegue a sentencia, el país debe asegurarse que no suceda lo mismo que pasó con CEL-Enel. En este caso, el Fiscal y la defensa de los acusados conspiraron para que quedara impune: en una audiencia especial cambiaron el tipo de delito por uno que ya había prescrito.

Así fueron absueltos Guillermo Sol Bang (ex presidente de CEL), Miguel Lacayo (ex ministro de Economía) y demás involucrados en el escandaloso fraude que causó un daño al Estado valorado por la misma Fiscalía en 1,800 millones de dólares.

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