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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Por décadas, el espectro radioeléctrico salvadoreño ha sido liderado por unos pocos, por ello, con el fin de fortalecer los medios comunitarios y públicos, la Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDco) presentaron una Política Pública en Comunicaciones.
El aporte del sector comunitario no lucrativo, realizado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung fue presentado a la Superintendenta General de Electricidad y Telecomunicaciones Blanca Coto y al secretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas.
De acuerdo con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, la propuesta detalla como deben gestionarse las comunicaciones en El Salvador sirviendo como insumo para que la SIGET pueda comenzar un proceso de elaboración de una política pública integral en telecomunicaciones.
La posibilidad de crear una Política Pública en Comunicaciones, dijo Herrera, se dio luego de las reformas a la Ley de telecomunicaciones hechas en mayo de 2016, donde se establecieron regulaciones orientadas a reconocer medios comunitarios sin fines de lucro y la incorporación de mecanismos alternos a la subasta para otorgar concesiones redioléctricas.
“Estamos planteando que debe propiciarse, con el ingreso de la digitalización, el ingreso de nuevos operadores, que actores privados que tienen una posición importante en el ámbito televisivo ya no reciban nuevas concesiones para generar más competencia.
Asimismo, planteamos que se haga una revisión de las concesiones para reasignar aquellas que fueron de manera irregular”, expuso.
Saúl Hernández, encargado de presentar la propuesta aclaró que el documento no es una política pública integral.
“El trabajo de la SIGET, como entidad del Estado encargada de gestionar el espectro radioeléctrico, será consultar a los medios comerciales y públicos, y citar a los comunitarios para construir un documento más grande”, señaló.
Algunos de los aspectos a regular, planteados en el documento son: la transparencia del espectro radioeléctrico, y la regulación de la Superintendencia de Competencia ante el proceso de digitalización.
La importancia del documento, expresó Hernández, es que plantea las actuaciones específicas e indicadores que deberían cumplir las instituciones, aspectos que debieron haber estado desde mucho antes en el país, para evitar la concentración que se tiene actualmente.
“Se está ante la oportunidad de corregir esto con el inicio del encendido digital. Aunque recordemos que es un proceso largo”, indicó.
Entre los indicadores del documento está el estudiar los contenidos generados por los medios comunitarios con apoyo del Estado, la cantidad de operadores que entran al espectro radioeléctrico, y el número de recomendables emitidos por la Superintendencia de Competencia en el proceso de renovación de frecuencias.
