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lunes , 20 noviembre 2017
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Anti-partidismo hipócrita

@arpassv

Durante los 20 años que gobernó ARENA (1989-2009) la gestión de los recursos públicos era totalmente intransparente, thumb el ejercicio del poder estatal se daba de espaldas a la ciudadanía y nadie rendía cuentas. Por eso hubo todo tipo de actos de corrupción, desde nepotismos y tráficos de influencias hasta malversación y robo de millonarios fondos gubernamentales.

En aquellos tiempos FUSADES y la ANEP no exigían cuentas claras, Aliados por la Democracia no existía, los grandes medios de comunicación no fiscalizaban al gobierno y la derecha gobernante era la principal detractora de las propuestas de ley de acceso a la información pública.

Otra característica de la época de ARENA es que no había separación entre gobierno y partido. Altos funcionarios gubernamentales eran al mismo tiempo importantes dirigentes partidarios: Guillermo Sol Bang fue durante 15 años presidente de la CEL y tesorero de ARENA (¿no habrá mezclado las cuentas del gobierno con las del partido?) y Elías Antonio Saca fue simultáneamente presidente del gobierno y del COENA.

Tales casos son los más ilustrativos porque se dieron en el más alto nivel político, pero esto se dio en todos los niveles: los gobernadores departamentales era a la vez directores departamentales de ARENA y los demás puestos gubernamentales eran ocupados por militantes partidarios.

Por eso es reprobable el anti-partidismo hipócrita que ahora pretende exhibir ARENA. El veto absoluto de los diputados areneros a la candidatura de Jaime Martínez Ventura, para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es hasta obsceno.

Martínez Ventura es una abogado de intachable trayectoria profesional, fue funcionario del Órgano Judicial y durante los últimos dos gobiernos (de Funes y Sánchez Cerén) ha sido director de la Academia Nacional de Seguridad Pública; pero ARENA lo acusa de pertenecer al gobernante FMLN, y por eso lo rechaza. Los legisladores areneros basan su postura hipócrita en sentencias anti-partido emitidas por la Sala Constitucional.

Este anti-partidismo propiciado desde la Sala es apoyado con entusiasmo por los voceros de la derecha empresarial, oenegera y mediática porque solapadamente permite que los funcionarios electos respondan directamente a los grupos de poder sin la mediación de los partidos políticos.

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