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lunes , 25 septiembre 2017
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Ser adulto mayor en El Salvador es…
Rafael Romero, de 75 años, y Ana de Romero, de 58, dedicaron parte de su tempo a la iglesia por lo que Dios les bendice con amor y con su única hija. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas.

Ser adulto mayor en El Salvador es…

William Siliézar
@DiarioCoLatino

Sobre la Calle Arce, en San Salvador, bajo el sol de una típica mañana de enero la vimos al pasar. Ella parece como cualquier otra anciana desamparada que en busca de limosnas se queda sentada en la acera de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica, donde pide una “monedita”.

Abrigada por el frío y con un pequeño cesto entre sus arrugadas manos, María Domínguez, quien asegura tener cien años de vida y con serios problemas para escuchar, comparte risas y un agradable momento con las personas que deciden tomar asiento para hablar con ella.

Aquella risueña mujer, a quien apenas se le distingue el color de sus ojos, de piel morena y cabello cano, tiene mucho que contar. La única dificultad es su sordera, pues así la vida le ha pasado factura.

Las ganas de trabajar fueron el motor para que María y su esposo salieran del lugar que los vio nacer, Berlín, Usulután. María cuenta que su esposo trabajó como carpintero, mientras ella en la costura confeccionaba docenas de delantales para venderlos en el mercado, o en cualquier calle de la ciudad.

María ríe contando historias sin escuchar lo que preguntan, de pronto, lloró por la muerte del padre de sus hijos, aquel carpintero que terminó sus días de vida con “tembladera” en las manos. Quedó sola, más aún, cuando sus dos hijos “alcanzaron a su padre en el cielo”.

La centenaria asegura que la causa de muerte de sus dos hijos fue el sarampión y la viruela, quedando sola y saliendo adelante por cuenta propia hasta el día de hoy. Ella dice que vive en los Planes de Renderos y que es testigo del asesinato de Monseñor Romero.

Ahora, completamente desamparada, esta anciana se queda sentada o acurrucada hasta las seis de la tarde pidiendo una “monedita”, como muchos adultos mayores que deambulan por calles y avenidas de San Salvador, sin que hasta ahora se note preocupación por ellos, por quienes hacen de las aceras su lugar de ingresos,  practicando la mendicidad como forma de sobrevivencia.

Según datos del último censo que realizó la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), en 2007 el 9.4% de las personas que viven en el país son de la tercera edad, sin embargo, en este porcentaje sólo se incluye a las personas que cuentan con una vivienda.

El factor común de los ancianos que se encuentran en las aceras es que no tienen quien vele por ellos, no tienen una familia a quien acudir, en otros casos, son abandonados por sus propios hijos o parientes, excluidos y muchas veces tratados como si no fueran seres humanos.

La Ley de Atención al Adulto Mayor, establecida por la Asamblea Legislativa en 2002, dice que a las personas de la tercera edad se les debe garantizar una atención integral y que es la familia quien, en primera instancia, tiene responsabilidad de brindar las atenciones necesarias, y en caso de no contar con una familia, le corresponde al Estado.

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) elaboró en 2014 una propuesta de ley y política de nacional de atención a los adultos mayores, con la cual se basa en los derechos y articulación debida de los mismos.

“Adicionalmente, estamos en un proceso de evaluación y revisión del programa Presidencial Nuestros Mayores Derechos, el cual forma parte de la oferta del Presidente Salvador Sánchez Cerén y que está incluido en los programas de desarrollo contemplados en la Ley de Desarrollo y Protección Social”, explicó la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.

Sin embargo, además de la exclusión y discriminación, muchos adultos mayores enfrentan otros problemas, especialmente económicos, pues a pesar de no vivir en las aceras, una pensión digna, por la que quizá trabajaron arduamente por años, nunca la tendrán.

Rafael Romero, de 75 años, quien lidia con la diabetes y tiene que viajar cada mes al Hospital Rosales por la famosa insulina, dice que no ha recibido mucha ayuda de las instituciones del Estado, pues hasta hoy nunca ha recibido pensión alguna.

Acompañado y tomado del brazo por la mujer con quien ha compartido su vida por 38 años, Rafael camina de regreso a casa, y con pesar recuerda que el sudor de su frente durante 26 años como albañil no tuvo el fruto que esperaba.

El anciano, también atado a un bastón, vistiendo humildemente y al lado de su esposa, recuerda que hace aproximadamente dos meses le aseguraron que el gobierno no “tenía dinero para darle una pensión”, algo que ha puesto a la pareja de esposos en una situación difícil, pues no tienen un respaldo económico.

Según lo que comenta su esposa, Ana de Romero, de 58 años, es ella quien mantiene el hogar con la poca ganancia que dejan las ventas de productos por catálogo, y a veces, terminan de solventar con la ayuda que su única hija les aporta.

En febrero de 2016, el Ejecutivo propuso que el sistema de pensiones fueran mixto, es decir, que los montos de las personas se repartan entre el sector público y privado; esto atrajo una seria disputa y un auge de opiniones en la sociedad civil y política del país. Esta situación, poco a poco, se fue agudizando, pues hasta se llegó a campañas sucias que atacaban el proyecto de ley con grandes desplegados en primera página de los matutinos, con fondo negro, para provocar el rechazo de la población.

El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en distintas ocasiones ha expresado total convicción de que el pago de los jubilados no está en riesgo, opinión que compartió Medardo González al decir que, si se aprueba la reforma al fideicomiso, los fondos de pensiones serán utilizados para pensiones.

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