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Por Toni Cerdà/Alfons Luna
Bruselas/Londres/AFP
Los líderes de la Unión Europea acogieron este viernes con frialdad la oferta de la primera ministra británica Theresa May para los ciudadanos europeos residiendo en Reino Unido una vez consumado el Brexit, un plan «ridículo» para los principales afectados.
«Mi impresión es que la oferta británica está por debajo de nuestras expectativas y podría agravar la situación de los nuestros ciudadanos en Reino Unido», dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al término de una cumbre de dos días en Bruselas.
Theresa May había prometido la víspera a sus 27 socios que los europeos residiendo de «manera legal» en su país podrían permanecer tras el Brexit e, incluso, optar a un «estatuto definitivo» con derechos como a la educación para quienes lleven más de cinco años.
No obstante, esta primera oferta de la primera ministra británica, un «primer paso» pero «insuficiente» para el presidente del ejecutivo comunitario Jean-Claude Juncker, levantó dudas entre sus homólogos, entre otras a partir de qué fecha se podrán estimar los cinco años.
La oferta «me podría haber sonado mejor», confesó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien subrayó que esa fecha de corte «todavía no se ha determinado» y su deseo de «una regulación mejor» para aquellos que no llevarían más de cinco años en el país.
¿El referéndum de junio de 2016, la notificación oficial del Brexit el 29 de marzo de 2017, su marcha efectiva prevista a finales de ese mes en 2019 o algún otro momento? La incógnita sobre la fecha quizás podrá despejarse el lunes cuando Londres publique los detalles de su plan.
‘¡12 meses para esto!’
Casi un año después de la victoria del Brexit en referéndum, impulsada por la cuestión migratoria, Reino Unido y los 27 empezaron formalmente las negociaciones del Brexit el pasado lunes, con Londres asumiendo los tiempos y las prioridades europeas, entre ellas garantizar los derechos de los ciudadanos.
Tras más de 40 años de unión a ambos lados del canal de la Mancha, más de tres millones de ciudadanos de la UE viven en Reino Unido y alrededor de un millón de británicos residen en el resto de países del bloque, la mayoría en España.
Los principales interesados, los europeos que residen en Reino Unido, expresaron ya su descontento con la oferta, que May calificó de nuevo este viernes de «justa y seria», y que, para el enfermero español Joan Pons, dirigente de la asociación de europeos The 3 Million, es «ridícula».
Éstos reclaman conservar los derechos de los que gozaban hasta ahora, y que, en virtud de las libertades de movimiento europeas, les equiparaban a un ciudadano británico, vistos los complejos y largos trámites para migrantes de terceros países.
«¡12 meses [esperando] para esto! Es patético que el gobierno británico juegue con nuestras vidas con la propuesta más regresiva para los ciudadanos de la UE que podíamos imaginar», apuntó Nicolas Hatton, fundador del movimiento.
Rechazo a la justicia europea
Theresa May también expuso otra parte de sus planes que choca directamente con los deseos de los 27. Sus socios quieren que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sea la jurisdicción encargada de resolver los eventuales diferendos sobre los derechos de los ciudadanos tras el Brexit, algo que Londres rechaza de plano.
Sólo «nuestros muy respetables tribunales» podrán resolverlos, indicó la primera ministra a sus pares según una fuente del gobierno británico. Estos compromisos con los ciudadanos de la UE «se inscribirán en el derecho británico», agregó.
«No veo cómo el TJUE puede quedar fuera del acuerdo», estimó el presidente del ejecutivo comunitario, para quien esto será un asunto que las negociaciones, entre el negociador europeo Michel Barnier y el británico David Davis, deberán resolver. La próxima ronda está prevista la semana del 17 de julio.
Junto a los derechos de los ciudadanos, la factura a liquidar por Londres por los compromisos asumidos en la UE y la frontera en la isla de Irlanda completan las prioridades que negociarán en primer lugar, antes de empezar a discutir sobre un acuerdo de libre comercio, deseado por el gobierno británico.
